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Es habitual que un número importante de hablantes proponga que los diccionarios modifiquen, eliminen o incorporen determinados vocablos o acepciones. Algunos consideran que, con este proceder, se contribuye, en mayor o en menor medida, a la transformación de la sociedad, pues se palian no pocas discriminaciones o se hace frente a injusticias atávicas. Se parte de la idea de que los repertorios lexicográficos, y muy especialmente los académicos, tienen un poder legislativo capaz de discernir los referentes positivos de los negativos mediante la sanción o no de las piezas léxicas. Pero el lexicógrafo ha de tener una vocación más notarial que jurídica en la sanción de los vocablos, ya que es el hablante con su actualización léxica discursiva quien contribuye a la creación de corpus que documenten el verdadero uso de las palabras. Los que defienden la sanción académica de ciertas voces con el loable intento de afrontar no pocas discriminaciones sociales buscan un empoderamiento nacido del respaldo institucional lingüístico.

Al menos en España, el arraigo de bicicletada (o bicicleteada) parece ir en consonancia tanto con la consolidación de la costumbre de convocar a la ciudadanía a manifestarse en apoyo de algo o en protesta contra algo como con el auge del uso de la bicicleta dentro de cualquier población (unas veces como vehículo de desplazamiento sostenible y otras veces como instrumento de entretenimiento o práctica deportiva). La bicicleta ha alcanzado mayor protagonismo gracias al llamado carril bici (en continua expansión en los espacios urbanos) y se está enseñoreando cada vez más de las aceras y demás espacios abiertos antes exclusivos de los peatones. A estas alturas no resulta extraño que todos los miembros de una familia, de un grupo de amigos, de una asociación vecinal, etc., dispongan de bicicleta y estén dispuestos a salir en grupo a la calle con su bici con objetivos bastante variados.